Calles: “La peor noticia para Castellón es confirmar que el PGOU está anulado en el peor momento económico”
El líder socialista arremete contra el “pasotismo político del PP” y critica “la tomadura de pelo del vicealcalde, Javier Moliner, diciendo que esto se arreglaba en tres meses”. En la misma línea, censura “el silencio cómplice del alcalde, Alberto Fabra, empecinado en negarse a aceptar la sentencia”.
Calles subraya que “la decisión del TSJ supone un nuevo jaque al urbanismo del Ayuntamiento de Castelló, la confirmación de un urbanismo errático y devastador, y deja en evidencia la estrategia absurda del alcalde”, que pedía al tribunal que no obligara a anular el plan urbanístico a la espera del recurso que tanto la Conselleria de Infraestructuras como el consistorio han interpuesto ante el Tribunal Constitucional.
“El TSJ confirma lo que había adelantado el grupo municipal socialista y coloca al equipo de gobierno del PP en el peor de los escenarios posibles. Ahora se ponen en evidencia sus mentiras y los cinco meses perdidos en el momento de mayor crisis económica de la ciudad, mientras el alcalde se paseaba haciéndose fotos y escondiéndose de la realidad”, agrega.
Calles insta al alcalde a reconocer la verdad “por una vez” ante los ciudadanos y le recuerda que el TSJ considera que la sentencia del Tribunal Supremo es de obligado cumplimiento. La decisión del TSJ, responsable de ejecutar la sentencia del Supremo, no tiene posibilidad de recurso y obliga al ayuntamiento a retrotraerse al momento previo a la exposición pública del actual Plan General, lo cual implicaría la vigencia temporal del antiguo plan de 1984.
“Ya no caben más dilaciones: el Partido Popular ha de asumir la responsabilidades jurídicas y las políticas. Si gestionaran el Ayuntamiento como una empresa de verdad, tendrían que irse todos a sus casas. La respuesta de los tribunales es contundente e inequívoca, y supone la constatación del fracaso de todo un modelo urbanístico”, declara Calles.
En los últimos cinco meses, el gobierno conservador ha agotado todas las vías judiciales para evitar cumplir la sentencia del Tribunal Supremo. Tras conocerse la anulacion, aportó un informe jurídico interno que aseguraba que podía seguir aplicando el PGOU de 2000 y mantener la actividad urbanística con normalidad hasta que la Generalitat no recibiera oficialmente el testimonio de la sentencia. Posteriormente, alegó que la sentencia estaba recurrida ante el Tribunal Constitucional y que se había solicitado la suspensión cautelar de la ejecución.
